Mayor discrecionalidad y opacidad en las obras de AMLO

Por Raúl Macías.

Ayer 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo que señala que en el caso de obras de infraestructura de cualquier índole y que se consideren de seguridad nacional se les deberá otorgar los permisos y licencias necesarios para iniciar el proyecto.

Es decir, cualquier obra que quisiera hacer el presidente, con el solo indicativo de señalar que se realizan con el pretexto de “seguridad nacional”, las dependencias podrán saltarse todos los requisitos, es decir, se adjudicarán directamente, sin mediar licitación alguna, se otorgarán los permisos de impacto ambiental, sin revisar si hay un daño al medio ambiente, y si se daña la propiedad de los particulares, se realizará una expropiación, si mediar ningún procedimiento previo, este decreto en pocas palabras se traduce a “se hace la obra porque se hace”.

Por otro lado, dicho decreto es violatorio del artículo 134 constitucional y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que señalan que “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

También es violatorio de los artículos 27, 28 constitucionales, por mencionar algunos, y de un cúmulo de legislación secundaria en la cual se regulan los requisitos que se deben de tener en consideración para que una obra pública cuente con transparencia, sustentabilidad ambiental y demás autorizaciones necesarias para evitar corrupción en primera instancia, pero también desastres ambientales y desgracias que lamentar en un futuro, como vidas humanas. Y esto ya lo hemos visto con la desgracia de la Línea 12 del Metro, donde la corrupción en los procedimientos trajo consigo la muerte de personas.

Con este albazo del Poder Ejecutivo, queda más en descubierto que esta administración le apuesta a la corrupción y a las obras a modo, tal y como lo mencionó el artículo del periódico británico Financial Times, el cual señaló que AMLO no ha logrado superar el discurso para pasar a la acción en el tema emblemático de su gobierno que es la lucha contra la corrupción.

Y a esto podríamos sumar más situaciones irregulares, como las compras directas que realizó la Sedena por más de 6 mil 300 millones de pesos durante el 2020, y de proyectos que la dependencia otorgó a empresas de reciente creación, de los cuales seguramente bajo el esquema de seguridad nacional, no habrá explicación y mucho menos transparencia sobre el destino de los recursos erogados.

Y hablando de la Sedena, podríamos abundar que la mayor parte de los recursos asignados a esta dependencia se han destinado para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es óbice señalar, que las prioridades de gasto en el Presupuesto de Egresos de 2022 quedaron evidenciadas en las reasignaciones aprobadas por Morena y sus aliados, ya que se planea la inauguración de dicha obra el próximo año.